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La opinión pública se encuentra actualmente fracturada ante dos visiones opuestas sobre el curso que debe seguir este proceso judicial:
Desde la administración central, la postura ha sido de respaldo institucional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que su responsabilidad primordial es la defensa de la soberanía, plantándose firme contra la idea de entregar al gobernador con licencia a instancias extranjeras sin un sustento legal que no vulnere la autonomía jurisdiccional de México.
Por su parte, figuras legislativas como Gerardo Fernández Noroña han reforzado esta línea, señalando que Estados Unidos aún no ha proporcionado evidencia que justifique una medida de tal magnitud.
Para una ciudad como Tijuana, donde la relación bilateral con Estados Unidos define la vida cotidiana, este caso representa un termómetro de la cooperación judicial entre ambas naciones. La resolución de este conflicto no solo afectará la carrera de Rocha Moya, sino que sentará un precedente sobre cómo México gestiona las acusaciones de alto perfil que involucran a agencias externas como la DEA.
En un entorno donde la transparencia y el estado de derecho son exigencias ciudadanas crecientes, la pregunta sobre dónde debe impartirse la justicia permanece abierta.
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