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El escenario político de Baja California ha entrado en una etapa de alta ebullición, pero no por las propuestas o la rendición de cuentas, sino por el evidente y costoso músculo financiero exhibido en las calles. Tras la realización del Segundo Informe de la legisladora federal Julieta Ramírez, el foco de la opinión pública se desvió por completo de su trabajo en la tribuna para centrarse en una operación logística tan masiva como cuestionable.
Lo que verdaderamente acaparó las miradas y encendió las conversaciones en los pasillos del poder fue la presencia de decenas de camiones destinados a movilizar personas de manera coordinada por toda la ciudad. Más que un informe ordinario, el evento tomó la forma de un ostentoso y anticipado arranque de campaña electoral rumbo al 2027. Sin embargo, más allá de la sorpresa por el despliegue, la gran interrogante que domina el análisis político en la entidad se enfoca en el dinero: ¿Cuánto costó esta operación y qué tan viable es esta inversión a largo plazo?
Mover a cientos o miles de personas de manera simultánea no es una tarea que se resuelva con presupuestos menores o con el apoyo voluntario de la ciudadanía. Implica la contratación de flotillas de transporte privado, logística de alimentación, coordinadores territoriales y una compleja estructura de avanzada. En términos reales, estamos hablando de una inversión de dinero sumamente elevada que choca de frente con el discurso de austeridad republicana que profesa el partido oficialista.
La pregunta que circula con fuerza en Baja California es inevitable: ¿Quién pagó verdaderamente todo esto? Fuentes cercanas al entorno de la legisladora aseguran que detrás de toda la movilización estaría operando la estructura política de Netza Jáuregui, un personaje cercano al grupo de Adán Augusto López.
Esta alianza revive de inmediato viejas sospechas sobre el presunto uso de operadores territoriales e infraestructuras ligadas a los programas de bienestar. Lo delicado del caso es que, mientras se inyectan fuertes sumas de dinero para posicionar una imagen de cara al futuro, el origen y la justificación de ese gasto permanecen en la opacidad.
Inyectar millones de pesos en una campaña tan anticipada suele ser una estrategia de alto riesgo en la política mexicana. Diversos analistas locales coinciden en que este enorme gasto financiero se está realizando en un momento donde las candidaturas y las dinámicas internas del partido aún no están definidas, lo que incrementa las posibilidades de que todo este despliegue de recursos termine siendo un esfuerzo inútil.
Existen varios factores por los cuales esta millonaria inversión muy probablemente no obtenga los frutos esperados:
A pesar de que los tiempos electorales legales dictan prudencia, en Baja California es evidente que la carrera por la sucesión estatal ya comenzó con un derroche económico que resulta difícil de ignorar. La estrategia de apostar grandes sumas de dinero para acaparar el territorio busca enviar un mensaje de control absoluto; sin embargo, en la política moderna, las campañas basadas en la vieja escuela de la movilización masiva ya no aseguran el éxito automático.
En las próximas semanas, la presión ciudadana y de los bloques opositores para que se transparenten los costos reales de este evento irá en aumento. Gastar una fortuna para un informe legislativo podría terminar costando muy caro en términos de credibilidad, dejando una estructura aceitada con millones de pesos, pero vacía de simpatía real.
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