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Tras el fallo del Tribunal Electoral local que ordenó investigar a la senadora con licencia, la oposición denuncia que la colocación de espectaculares, bardas y volantes lejos de detenerse, ha ido en aumento en el estado.
El termómetro político en Baja California continúa elevando su temperatura a marchas forzadas de cara a los futuros compromisos electorales del año 2027. Lo que parecía ser un estira y afloja habitual entre las distintas fuerzas de la entidad se ha transformado en un choque frontal y sistemático en los tribunales. Apenas unos días después de que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) diera un revés legal y ordenara investigar de manera formal a la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, la oposición ha decidido volver a la carga.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció de manera oficial que ya prepara las condiciones jurídicas para interponer una nueva denuncia o, en su defecto, ejecutar una ampliación sustancial a la querella que ya se encuentra en manos de las autoridades electorales. El motivo central de esta nueva ofensiva radica en que, de acuerdo con los representantes del partido tricolor, la presunta estrategia de promoción personalizada y adelantada por parte de la legisladora de Morena no ha mostrado signos de disminuir, sino todo lo contrario.
La persistencia de la propaganda en los municipios clave del estado ha encendido de nueva cuenta los reclamos sobre la falta de equidad en la contienda y el aparente desacato indirecto a las observaciones hechas por los magistrados electorales.
El encargado de fijar la postura institucional del partido fue Joel Abraham Blas Ramos, representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). El litigante fue categórico al señalar que el despliegue territorial enfocado en posicionar la imagen de Julieta Ramírez de cara a la sucesión de la gubernatura sigue su marcha en las calles mediante una estrategia multicanal.
Según lo expuesto por Blas Ramos, las evidencias de esta presunta infracción a la ley electoral son visibles diariamente a lo largo del estado. La oposición asegura contar con un registro riguroso de nuevos espectaculares de gran formato, bardas pintadas de manera reciente con consignas alusivas, así como la distribución masiva de volantes (flyers) y un constante bombardeo de mensajes patrocinados en las principales plataformas de redes sociales.
Para el bloque opositor, este despliegue masivo representa una burla directa a los tiempos legales instituidos y un intento sistemático por sacar una ventaja indebida frente al resto de los competidores políticos que aspiran a participar en el siguiente proceso electoral.
La frustración de la dirigencia tricolor quedó sintetizada en una frase contundente lanzada por el propio Joel Abraham Blas Ramos: “Ni con sentencia entienden”. Con estas palabras, el representante del PRI criticó fuertemente la postura adoptada por la senadora con licencia y el partido oficialista, sugiriendo que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de la entidad parecen no hacer mella en la logística de posicionamiento de Morena.
Blas Ramos confirmó que el equipo jurídico de su partido no detendrá su estrategia de fiscalización ciudadana. Asimismo, aseguró que continuarán realizando recorridos, levantando actas e integrando de manera minuciosa cada una de las pruebas que aparezcan en la vía pública o en el entorno digital para llevarlas directamente ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del IEEBC. El objetivo primordial de estas acciones, según puntualizó, es obligar a la autoridad administrativa a actuar con firmeza y garantizar a toda costa el "piso parejo" en la entidad.
Con esta nueva batalla legal en puerta, el Instituto Estatal Electoral se verá obligado a revisar con un nivel de escrutinio mucho mayor el impacto real de la propaganda denunciada, en un escenario donde los criterios institucionales y la presión de los partidos políticos mantendrán los reflectores fijos sobre cada una de sus resoluciones.
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