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El despliegue masivo de lonas y bardas en los principales municipios del estado expone una abierta estrategia de posicionamiento rumbo a la sucesión de 2027.
Aunque los órganos internos de Morena congelaron temporalmente las sanciones por falta de "pruebas concluyentes", la operación territorial evidencia que la carrera por la gubernatura ya no respeta los tiempos legales.
En la alta política del norte del país, hay una regla no escrita que los operadores más colmilludos aplican a la perfección: el que se mueve no sale en la foto, pero el que se duerme, desaparece. La senadora Julieta Ramírez Padilla parece tener muy claro este principio. En las últimas semanas, las calles de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada han sido testigo de una agresiva y coordinada campaña de posicionamiento que, bajo el cobijo de la ambigüedad legal, busca asegurar que su nombre sea el único que retumbe en la mente de los bajacalifornianos de cara al proceso electoral de 2027.
El fenómeno no es menor ni discreto. Kilómetros de bardas pintadas con tipografías estridentes y cientos de lonas colgadas en puntos estratégicos de la entidad delatan una maquinaria financiera y operativa que ya está marchando a toda velocidad. Para cualquier ciudadano a pie, e incluso para el sector empresarial de la región, esto no es información institucional ni rendición de cuentas; es propaganda pura y dura con la mira puesta en la silla que hoy ocupa Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La masiva campaña de la legisladora mexicalense no tardó en provocar urticaria en las distintas tribus de Morena, desatando una serie de quejas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido por presunta promoción personalizada y actos anticipados de campaña. Sin embargo, la estrategia jurídica que respalda este despliegue publicitario demostró estar bien calculada.
A mediados de este mes de mayo de 2026, las autoridades internas de Morena determinaron dejar sin efectos las medidas cautelares que ordenaban el retiro de la publicidad, argumentando que no existían "elementos probatorios suficientes" para fincar una responsabilidad directa a la senadora. En el lenguaje de la realpolitik, esto se traduce en una jugada maestra de deslinde: la publicidad está en la calle, el nombre se posiciona todos los días ante miles de automovilistas, pero legalmente "nadie sabe quién la pagó ni quién la puso".
Para los analistas y los tomadores de decisiones en Baja California, esta campaña anticipada de Julieta Ramírez confirma dos realidades urgentes sobre el tablero político actual:
Las crónicas de esta guerra por espectaculares, bardas y lonas, así como los expedientes que se siguen acumulando en los escritorios de las autoridades electorales, continúan bajo el escrutinio de medios como LatinUS y el Semanario ZETA, portales que han documentado cómo el dinero y la infraestructura pública se confunden frecuentemente con el proselitismo en la frontera.
La senadora Ramírez ha librado el primer round en los tribunales de su partido, pero la saturación visual de las calles bajacalifornianas sigue ahí, recordando a propios y extraños que en la carrera por el poder, el respeto al calendario electoral es un lujo que la vanguardia oficialista no está dispuesta a pagar.
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