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El polémico grupo convoca a una marcha en la Glorieta Cuauhtémoc para exigir regulación oficial para sus métodos de internamiento involuntario.
Colectivos de derechos humanos y la comunidad LGBTQ saltan a las calles para frenarlos, mientras la Fiscalía les pisa los talones.
En una ciudad donde las adicciones y la delincuencia se viven a ras de piso, los métodos para combatir el problema han cruzado la línea de lo legal para entrar en el terreno de lo radical. Hoy, la controvertida "Patrulla Espiritual" —el grupo que se ha vuelto viral por "levantar" a personas en situación de calle para meterlas a centros de rehabilitación— ha decidido medir su músculo político y social en el corazón de Tijuana.
La cita está pactada para este miércoles 27 de mayo a las 15:00 horas en la emblemática Glorieta Cuauhtémoc. Lo que el grupo denomina como una "marcha pacífica" es, en el fondo, un abierto desafío institucional que busca sacudir las leyes actuales de salud y seguridad pública.
Para los líderes del movimiento, la lógica es directa, fría y sin rodeos: en el estado en el que se encuentran miles de adictos, no existe la capacidad racional para elegir la rehabilitación. Por ello, la movilización de esta tarde tiene objetivos claros:
Para un sector de la población, los operativos de la patrulla son vistos como una labor necesaria que el gobierno ha sido incapaz de resolver. Sin embargo, para los expertos en derecho, la delgada línea entre la "obra de caridad" y la privación ilegal de la libertad es prácticamente invisible.
Como era de esperarse, la convocatoria ha encendido las alarmas en los sectores más críticos de la sociedad. Colectivos de derechos humanos y representantes de la comunidad LGBTQ ya han fijado una postura firme, señalando que ninguna supuesta buena intención puede estar por encima de la constitución, la libertad individual y el libre desarrollo de la personalidad. Para estos grupos, validar los métodos de la Patrulla Espiritual abriría la puerta a que cualquier organización civil pueda privar de la libertad a un ciudadano bajo su propio criterio.
Por si fuera poco, el terreno legal para el grupo se está acortando. Fuentes cercanas al sistema de justicia confirman que la Fiscalía General del Estado mantiene carpetas de investigación abiertas en torno a los operativos de este centro. La autoridad busca determinar si los métodos de captación de internos configuran delitos graves, tales como secuestro o abuso físico, disfrazados de asistencia social.
La marcha de hoy en la Glorieta Cuauhtémoc no es solo una manifestación más; es el reflejo de un sistema de salud pública rebasado donde la ciudadanía empieza a aplaudir la justicia por propia mano o la rehabilitación forzada.
¿Se debe priorizar la vida del adicto a costa de sus derechos individuales? ¿O debe el Estado frenar en seco a un grupo que opera al margen de la ley? El debate está abierto y las calles de Tijuana prometen ponerse calientes esta tarde.
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